jueves, julio 14, 2011

Casa arrasada

Una de las cosas que han diferenciado positivamente al presidente Juan Manuel Santos de su antecesor es su estilo calmado de dirigirse a los colombianos, ya sea por medio de los canales oficiales o a través de los medios de comunicación. Del lenguaje presidencial colombiano han sido erradicadas las expresiones altisonantes y el lenguaje camorrero que eran un sello en los discursos del anterior inquilino del Palacio de Nariño.

Por eso sorprendió que tras su visita al departamento del Cauca, el fin de semana pasado, al ver los destrozos causados por los atentados dinamiteros de las Farc, el presidente hubiera anunciado una extraña medida para mitigar los ataques de la guerrilla, que se han incrementado en varios lugares del país en los últimos días.

Tras la explosión del carro bomba puesto por ese grupo guerrillero en Toribío, que voló el centro del pueblo, el presidente prácticamente ordenó la demolición de las casas usadas por los guerrilleros para atacar a la fuerza pública. Dicha declaración desató toda clase de reacciones, no sólo por injusta e inefectiva, sino también por inconstitucional.

Debido al alboroto, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, salió a matizar las frases de Santos, aclarando que dicho proceso no sería automático ni inmediato, sino que dichas viviendas sólo serían destruidas tras un proceso judicial, en el que se compruebe que sus habitantes son militantes o cómplices de la guerrilla.

Si se aplicara con el debido rigor la propuesta lanzada por JMS de destruir toda casa que sirva de refugio a delincuentes o terroristas, el propio presidente podría quedarse sin despacho. 

Esta pifia de JMS ocurre en momentos en que el ex presidente Álvaro Uribe y muchos de sus simpatizantes le reclaman al mandatario por un supuesto retroceso de la seguridad en el país, a la vez que cuestionan la efectividad de la cúpula militar e insinúan la renuncia del ‘mini’ de Defensa. Pero el tiro le salió por la culata.

Sin duda, la administración Santos, empezando por su cúpula de defensa y seguridad, necesita esforzarse mucho más para evitar el deterioro del orden público, pero no debería tomar medidas a la ligera, ni mucho menos anunciarlas bajo el efecto de la comprensible indignación producida por las sangrientas acciones armadas o los brutales asesinatos perpetrados por la guerrilla.

Por otra parte, si se aplicara con el debido rigor la propuesta lanzada por JMS, según la cual se debe destruir toda casa que sirva de refugio a delincuentes o terroristas, el propio presidente podría quedarse sin despacho. Después de todos los personajes de dudosa reputación que pasaron entre 2002 y 2010 por la Casa de Nari, en clara connivencia con sus anteriores inquilinos, las autoridades estarían en mora de derribarla y levantar en su lugar un monumento a las víctimas de la ‘seguridad democrática’.

Sin embargo, Tutina y el resto de la familia presidencial, al igual que el staff de JMS, pueden estar tranquilos, pues la orden superior de casa arrasada no se va aplicar con retroactividad.

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