Frühling tenía razón

Hacía rato que no lloraba con un artículo, pero me ocurrió al leer en Semana los testimonios de Jakeline Castillo y Luis Esteban Montes, dos colombianos del común, cuyos hermanos fueron asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combates con el Ejército.

Sin recuperarme aún, pasé de la tristeza a la indignación al ver la rueda de prensa donde Juan Manuel Santos reconocía que una investigación interna de su despacho “encontró serios indicios de negligencia del mando” y anunció la destitución de tres generales y una veintena más de integrantes del Ejército, al parecer vinculados con el asesinato de civiles indefensos, en un hecho que sin duda representa el revés más serio que ha sufrido la política de seguridad democrática adoptada por Álvaro Uribe hace seis años. Ni la guerrilla, ni los paramilitares, ni los carteles de la droga le habían infligido un golpe tan fuerte a las instituciones militares.

Sin embargo, pese a la espectacularidad con la que el Primer Mandatario y su Ministro de Defensa salieron a anunciar las drásticas medidas, ésta es una purga incompleta, puesto que en semejantes circunstancias lo esperable hubiera sido que el general Mario Montoya, como cabeza del Ejército, pusiera el pecho. Es increíble que después de semejante remezón entre sus hombres, este oficial, cuestionado incluso por varias publicaciones extranjeras, siga tan campante. El año pasado, en la Policía Nacional, por las chuzadas a unos paras se cayó una docena de generales, incluído el director; en cambio aquí, a pesar de que hay varios muertos inocentes de por medio, el comandante del Ejército continúa inamovible. ¿Hasta cuándo le irán a durar los fusibles al general Montoya? ¿Por qué no seguirá el ejemplo de la ex directora del DAS, que por lo menos tuvo el coraje de asumir la responsabilidad política por los errores cometidos por sus subalternos?

Aunque en plena visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, esta depuración castrense le sirve de escampadero al Presidente, lo cierto es que es una preocupante señal de lo que está ocurriendo en las filas del ejército en materia humanitaria. Cínicamente, los áulicos de Uribe quieren convertir este episodio en una muestra de transparencia del actual gobierno, porque, según ellos, estas cosas también ocurrían anteriormente, pero no se sabían. Pero esa teoría carece de fundamento pues, según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General, en la era Uribe las cifras de miembros de la Fuerza Pública investigados por ejecuciones extrajudiciales se han duplicado anualmente y han pasado de 7, en 2002, a 245, en 2007.

Y la historia no es nueva. Michael Frühling, como escribimos aquí hace poco, denunció sin éxito “violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, pero fue acusado de no comprender la realidad del país y el gobierno le hizo la vida imposible hasta hacerlo retirar del cargo de Director de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. Desgraciadamente, Frühling tenía razón.