La punta del iceberg

A mediados de la década de los 90 un gran escándalo sacudió los cimientos de la política española, salpicó a varios funcionarios del gobierno de Felipe González y propició la derrota del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de 1996. El caso se originó en los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, creados en los años 80 supuestamente para combatir el terrorismo de la ETA, pero que terminaron convertidos en un instrumento de la guerra sucia, dedicados no sólo a perseguir etarras, sino también a cometer delitos de distinta índole, como asesinato, tortura y secuestro.

En su momento, el proceder de los GAL, que actuaban a veces en connivencia con autoridades nacionales y regionales (en especial en el País Vasco), recibió el respaldo de muchos ciudadanos españoles, que los veían como guardianes de la democracia y defensores de la sociedad. Pese a ello la justicia intervino y como resultado de la investigación, en la que saltó a la fama el juez Baltasar Garzón, fueron condenados varios funcionarios, incluidos algunos ministros, así como altos mandos y miembros rasos de las fuerzas de seguridad ibéricas.

Aunque esta historia no es muy conocida entre el público colombiano, sí vale la pena repasarla ahora, cuando empiezan a producirse las primeras detenciones por el caso de 11 personas desaparecidas en Soacha y que luego fueron presentadas por las autoridades como guerrilleros muertos en combate. La captura de dos personas (un civil y un oficial subalterno del Ejército) no debería ser el final sino el comienzo de un proceso que establezca la verdadera magnitud del fenómeno de los ‘falsos positivos’ en todo el país; para lo cual se necesita un trabajo a fondo de las autoridades judiciales y la cooperación del gobierno. O por lo menos, la no obstrucción de las investigaciones.

En tal sentido, no ayuda mucho que el Ministro de Defensa o el Presidente de la República vayan por ahí minimizando el asunto, hablando de casos aislados, o denunciando una supuesta cacería de brujas para desprestigiar o desmoralizar a los militares.

“Hay denuncias que son investigadas, pero no en la magnitud que se cree, promovida por grupos como las FARC, que quieren pescar en río revuelto”, dijo cínicamente Juan Manuel Santos el pasado mes de enero.

Por su parte, hace un par de semanas, el doctor Álvaro Uribe advirtió que en diferentes regiones del país se intenta paralizar la acción de la Fuerza Pública, levantando falsas acusaciones en su contra; y dijo que solo en 22 casos de los ‘falsos positivos’ se ha encontrado soporte jurídico. ¡Increíble! En el caso GAL hubo ‘solamente’ 23 asesinatos, pero sus consecuencias fueron funestas para el gobierno español.

Ojalá que la Fiscalía General tenga la independencia y el coraje necesarios para llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias y desenmascare a todos los responsables de dichos crímenes, por encumbrados que sean, pues no es seria la tesis de que todo ocurrió sin conocimiento de la cúpula militar o a espaldas del gobierno.