Mil millones

Decir que fue absurdo y doloroso para todo el país el secuestro y asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, es llover sobre mojado. Hablar del grado de cinismo y brutalidad de LAFAR, que sigue asesinando civiles inermes, se pasa de obvio. Negar que este golpe es un duro revés a la cacareada seguridad democrática, es una insensatez. Lo que no resulta explicable es que este tipo de cosas estén pasando precisamente en el departamento del Caquetá, una de las regiones del país donde la seguridad democrática ha sido menos efectiva y donde todo el mundo sabe que la guerrilla vive al acecho.

Exceptuando a ciertos analistas furibistas que posan de independientes, para nadie es un secreto que la posibilidad de viajar por las carreteras en esa zona es ciencia ficción, a menos que se haga en medio de un convoy militar, con los riesgos que eso conlleva para los civiles. De igual modo, es de conocimiento público que por allá, en el sur profundo del país, la guerrilla ha conseguido concentrar una alta cantidad de efectivos que están lejos de rendirse o desmovilizarse y que, por el contrario, siguen en capacidad de dar certeros y sangrientos golpes, como el del lunes pasado.

Es un gravísimo error pretender etiquetar el crimen del gobernador del Caquetá como un acto desesperado de la guerrilla, o como una acción típica de esta época preelectoral, cobardemente ejecutada por unos terroristas acorralados. No, señor Rangel. No, señor Guarín. No, señor Yamhure. No, señor Gaviria. No vayan a caer en el mismo simplismo que el alto mando militar, que trata de minimizar hechos como éste con argumentos casi infantiles, con el único propósito de lavarse las manos por su ineptitud en el cumplimiento de su deber.

Antes de conocerse el fatal desenlace del hecho que condujo a la muerte de Cuéllar, el presidente Uribe salió a ofrecer una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permitiera la localización y rescate del gobernador. Y después de confirmado el asesinato, Uribe decidió mantener la misma gratificación para quien ayude a dar con los responsables. Si el gobierno está en capacidad de pagar semejante suma cuando el delito ya está consumado, yo me pregunto por qué no invirtieron esa plata para evitar la comisión del crimen. Con mil millones se podrían haber hecho muchas cosas, como reforzar el esquema de seguridad del mandatario, dotar de protección su vivienda, pagar labores de inteligencia e incluso sacarlo de la zona, así fuera temporalmente.

El señor Cuéllar era un blanco obvio y había elementos de juicio más que suficientes para presumir que una acción en su contra era bastante probable. Y así y todo al gobierno nacional (ejército, policía y DAS incluidos) la acción los tomó por sorpresa. Sería deseable que esos mil millones sirvieran para dar con los asesinos del gobernador, pero yo hubiera preferido que los hubieran utilizado para mantenerlo con vida.